Agrega que en este ámbito hay algunos productores que se han comprometido con este trabajo, como Dell, Olidata, HP y Epson, pero hay otro grupo que está esperando que aparezca la Ley. Destaca que el anteproyecto que se conoce tiene hartas coincidencias con la propuesta que Relac consensuó con representantes de la industria y gobiernos de otros países de Latinoamérica para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (ver artículo en páginas 20 a 23). No obstante, añade que lo ideal sería avanzar más rápido hacia una regulación específica para residuos electrónicos en el país.
Asimismo acota que contar con regulaciones en esta materia es fundamental para fortalecer el incipiente mercado de reciclaje que existe en Chile, y abordar una problemática que hoy está en tierra de nadie: la gestión de los residuos electrónicos domiciliarios.

En la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), en tanto, esperan que el proyecto de Ley aborde el manejo de los neumáticos fuera de uso (NFU), ya que hoy carecen de reglamentación que ayude a su gestión ambiental. Su gerente general, Iván Villar, indica que al existir una continua y gran generación de este residuo, “es imperativo tener o proporcionar a la sociedad los parámetros y responsabilidades para dar solución a este problema ambiental, que tiene soluciones factibles y que son posibles de realizar con la ayuda de todos los participantes. Sería positivo para el país tener implementada una reglamentación para la gestión de los NFU, pero no podemos presionar la pronta tramitación debido a que necesitamos la comprensión y maduración por parte del Estado de estos modelos usados en Europa con tan buenos resultados, pero que nuestra realidad cultural, geográfica y económica ameritan una adaptación bien estudiada”.

Otro actor relevante que manifiesta su inquietud por el proceso de desarrollo del proyecto de Ley General de Residuos es el Movimiento de Recicladores de Chile. Su presidente, Exequiel Estay, señala que vienen siguiendo este tema desde el gobierno anterior, y que ante el silencio de las autoridades, “en agosto del 2010 mediante misiva al Presidente y a la Ministra del Medio Ambiente solicitamos información y participación. A lo menos, desde ese entonces, pudimos saber en qué proceso ha estado el anteproyecto de ley de residuos”. Enseguida el dirigente critica el escaso acceso que han tenido al contenido del proyecto, “a tal punto que los municipios, los empresarios y la ciudadanía cuentan con un borrador del año 2010. Las modificaciones que se han hecho hasta hoy son todo un misterio y la respuesta ante nuestras peticiones siempre ha sido la misma: “no podemos entregar la información…”

Cerca del 70% de los residuos que se reciclan desde los hogares en Chile hoy se hace a través de recicladores de base como los que conforman dicho Movimiento, los cuales no cuentan con buenas condiciones laborales. El dirigente manifiesta su preocupación por la inclusión de ellos en el proyecto de ley. “Los recicladores aparecen nombrados y eso no basta. Mientras en la Ley no se aclare bien la diferencia entre los gestores, término utilizado para referirse de los actores de la cadena productiva, cualquiera podrá entrar teniendo un capital al sistema. Si aplicáramos la REP en torno a una inclusión real de los recicladores de base, sería diferente. Eso pasa por un crecimiento de nosotros como trabajadores, pero también hay muchos trasfondos históricos que si la Ley no aclara puede arrastrar a la desaparición de muchos recicladores de base”, advierte Estay.

Al margen de las inquietudes, fuentes cercanas al Ministerio del Medio Ambiente señalan que el texto del proyecto ya está resuelto desde el punto de vista técnico y sólo restaría su aprobación por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y su presentación a la Secretaría General de la Presidencia para luego enviarlo al Congreso. Vale decir, sólo faltaría la voluntad política para conocer la versión final que será sometida a la discusión parlamentaria. ¿Ocurrirá así? Habrá que verlo en los próximos meses.

En ese contexto, define al productor como toda persona natural o jurídica que cumple alguna de las siguientes condiciones:

•  Fabrica un producto y lo enajena en Chile con su propia marca.
•  Es el dueño o titular de una licencia de una marca registrada bajo el cual el producto fabricado por terceros se enajena en Chile.
•  Importa un producto y lo enajena en Chile.
•  Fabrica o importa un producto y luego lo enajena por sí mismo o a través de terceros.
•  Importa un producto prioritario para su propio uso profesional.

La REP se aplicaría a los productores que efectúan la primera puesta en el mercado de los denominados “productos prioritarios”, los cuales se entienden como aquellos que presentan beneficios asociados a su valorización y/o pueden presentar riesgo para el medio ambiente.

En ese contexto, los proveedores de productos prioritarios deberán:

•  Inscribirse en un Registro: Se pretende contar con un listado electrónico actualizado y de carácter público de los generadores y gestores de residuos (recicladores). Allí se registrará la cantidad, origen, naturaleza, manejo y destino los residuos. La Superintendencia del Medio Ambiente establecerá las exigencias para asegurar la validez de la información.
•  Elaborar productos o utilizar envases que favorezcan la prevención y faciliten la valorización de los residuos derivados de sus productos, y/o permitan su eliminación de la forma menos perjudicial para el medio ambiente.
•   Hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos.
•   Cumplir con metas, exigencias y plazos establecidos respecto de la valorización de los residuos.
•   Marcar el producto.
•   Informar al consumidor.

El proyecto de ley busca también involucrar a los consumidores en la gestión, señalando por ejemplo que su obligación será entregar los residuos de productos prioritarios a los gestores.

Como ya se mencionó, de acuerdo al anteproyecto de Ley, cada productor deberá declarar la cantidad de productos que ponen en el mercado. Sobre esa base se fijarán las metas de recuperación y valorización.

Para cumplir esas metas, los productores tendrán que invertir recursos para implementar sistemas de gestión -eventualmente en acuerdo con municipalidades- que deben certificarse ante la autoridad encargada de velar para que se acaten los objetivos planteados.

La propuesta legal plantea que estos sistemas de gestión pueden ser:

•    Individuales:
“Son propios de una empresa que define la forma en que se hará cargo del residuo. Es más apto para productos donde es más fácil identificar y recuperar el residuo que genera un producto después de su consumo”, explica Leiva.

•    Colectivos:
En este caso varios productores se reúnen para crear un sistema de gestión que les permita hacerse cargo de los residuos que generan los productos que ellos ponen en el mercado y cumplir las metas impuestas por las autoridades. “Es la alternativa más idónea para los casos en que la recuperación del residuo es más compleja, y por lo tanto, se requieren economías de escala, como ocurre con los envases de productos que se consumen en el hogar”, apunta Leiva, creador de Eco-Envases que justamente corresponde a un sistema de gestión de este tipo (ver recuadro).

Para los residuos electrónicos también se visualiza esta alternativa. Uca Silva afirma: “Los productores pueden optar por el tipo de sistema de gestión que quieran, pero el más conveniente desde el punto de vista económico es el colectivo, ya que ayuda a minimizar los costos de separación en origen, de recolección selectiva, transporte y tratamiento de residuos.

Además, se pueden maximizar los ingresos por la venta de los productos reciclables”. En el área de los residuos electrónicos se les llama ORP u Organización Responsable de Productores, algunos de los cuales ya se han implementado en Costa Rica y Colombia.

Es bien probable que la aplicación de la REP origine un alza en los precios de los productos, toda vez que incluirá el costo de su manejo como residuo. De ese modo, también se involucra a los consumidores en la cadena de gestión.

¿Cuánto podría subir? “Eso va a depender de los estudios y análisis que se realicen en torno a la gestión de cada residuo en particular. Hay lugares en que esos estudios son consensuados a nivel país y, por lo tanto, son contratados por el Gobierno; mientras que hay otros en que el administrador del sistema de gestión hace su propio estudio y establece una ecotarifa que debe ser visada por la autoridad”, comenta Leiva.

El Valor de la REP

“Actualmente hay empresas que se preocupan de los residuos asociados a sus productos por voluntad propia, porque lo asumen como parte de su responsabilidad social empresarial. Sin embargo, con la publicación de la Ley, la REP será una obligación para todos. Y eso provocará un desarrollo explosivo de la industria de la valorización, con más actores interesados en proponer alternativas de reciclaje y la configuración de nuevos mercados. A nivel industrial ya existe una cadena de valorización que tiene otra lógica de funcionamiento, pero en los residuos domiciliarios realmente se producirá un cambio importante”.

Así lo asegura Rodrigo Leiva, a la hora de calibrar el impacto que tendrá la aplicación de la Responsabilidad Extendida del Productor en nuestro país. Valora también que este enfoque incorpore nuevos actores que, si trabajan en conjunto con los municipios, les ayudarán a resolver la carencia de recursos para mejorar la gestión de los residuos. Destaca que en este esquema los privados administrarán sus sistemas de gestión y sus recursos, y podrán tener certeza respecto de los resultados. “Es mucho mejor que pagar impuestos, porque en esos casos el productor no sabe si esos recursos se destinaron o no a la gestión de los residuos. Además, está demostrado que con impuestos este tema no se resuelve, o se resuelve a un costo muy alto”, agrega.

Por su parte, Iván Villar resalta que el modelo REP permitirá sustituir la gestión estatal por la innovación privada en la gestión de los residuos, “con el objetivo de crear soluciones lucrativas mediante la incorporación de nuevas cadenas de valor. La clave está en introducir los apoyos iniciales que motiven el interés del mundo privado e incorporen procesos inéditos utilizando como materia prima los residuos no gestionados”, apunta.

Añade que si este sistema se implementa bien, normalmente se supera con creces los resultados de una gestión estatal, alcanzando metas de valorización por sobre un 60%. “En Chile tendremos desafíos, pero confiamos en las fortalezas de la iniciativa privada”, acota.

Indica, además, que la creación de nuevas y variadas cadenas de valor asociadas a la valorización de los residuos genera otros beneficios como: más puestos de trabajo, inversiones, requerimientos logísticos, mayor capacitación y creación de nuevos mercados.

Uca Silva, en tanto, resalta que la aplicación de la REP tiene una incidencia directa en el trabajo de los productores, quienes “en la fabricación de los productos utilizarán cada vez menos elementos tóxicos y cada vez más fáciles de reciclar para poder facilitar el proceso de recuperación. Ahora, Chile no cuenta con una industria significativa de aparatos electrónicos, salvo algunas producciones nacionales de línea blanca, por lo cual la incidencia que tendrá la REP desde ese punto de vista será más limitada. Sí hará un mayor aporte a que las empresas que colocan estos productos en el mercado nacional se involucren en la gestión de los residuos, y también ayudará a transparentar el mercado de estos productos y su reciclaje”, dice.

Cultura de Reciclaje

La inyección de nuevos recursos que trae la REP viene justamente a resolver una de las grandes trabas que existen en Chile para avanzar en el reciclaje, toda vez que en nuestro país resulta más barato enviar los residuos a disposición final. “En Chile a una municipalidad le cuesta alrededor de $9.000 disponer una tonelada de residuos domiciliarios en un relleno sanitario. En Europa ese valor es mucho mayor. La Ley General de Residuos va a definir como prioridad el reciclaje y eso implica que se van a tener que definir mecanismos económicos que incentiven la separación en origen y la valorización. Además, se obligará a todos los productores a aportar en la gestión de los residuos, con lo cual habrá otra fuente de recursos para esa tarea”, acota Leiva.

Sin embargo, esa no es la única dificultad que se debe superar para poner en marcha la Responsabilidad Extendida del Productor en nuestro país.

Iván Villar señala, por ejemplo, que para que el modelo REP funcione es necesario que el Estado cambie la actitud fiscalizadora por una actitud sinérgica con las iniciativas privadas. “La inclusión del mundo privado en la búsqueda de soluciones ambientales basa su éxito en saber proporcionar los incentivos y motivaciones con suficiente fortaleza como para generar inversión y crear nuevos mercados. Este tipo de modelo, la autoridad no los maneja debido a que el formato más común se basa en crear responsabilidades basadas en la fiscalización y sanción, en lugar de dar incentivos y beneficios. Nos preocupa que el gobierno esté empeñado en inventar la rueda, siendo que ésta ya se ha inventado y funciona adecuadamente hace mucho tiempo. Debe existir un cambio de chip por parte del equipo técnico estatal, y al extender la invitación al mundo privado para crear soluciones, demostrar con hechos la voluntad de involucrarlos y trabajar en conjunto”, detalla.

Otros desafíos muy relevantes que se deben enfrentar para introducir la REP en Chile se relacionan principalmente con la cultura ciudadana.

Exequiel Estay advierte: “La REP invita a reciclar, pero debemos estar concientes que como país no estamos preparados para recibir como ciudadanos una carga nueva a nuestros sistemas del manejo de nuestros residuos. Se terminará la comodidad de sacar los residuos mezclados en el hogar y se iniciará una cultura del reciclaje que con una REP clara e inclusiva podrá arrojar cambios en Chile”.

En ese contexto, otro reto relevante es formalizar la actividad que hoy realizan los recicladores de base. El dirigente comenta: “Sabemos que debemos hacer más esfuerzos por organizar un mayor número de mujeres y hombres que trabajan en el reciclaje en Chile. Tenemos que fortalecer a las organizaciones que hoy funcionan y apoyar a organizarse a los nuevos grupos que aparezcan, para que ninguno sea excluido en los nuevos sistemas”.

Por su parte, Rodrigo Leiva sostiene: “Hay que ver cómo incorporar a los recolectores de base a esta cadena, y eso significa resolver la falta de seguridad social, seguridad laboral y educación que afecta a estos trabajadores. Chile está en condiciones de abordar este tema y tomar el liderazgo en Latinoamérica para formalizar esta actividad. Hay herramientas para trabajar con ellos, para que en el mediano o largo plazo se transformen en pequeños empresarios que desarrollen esta actividad de manera más ordenada y sustentable”.

Otro punto clave para reciclar es contar con una segregación previa y adecuada de los residuos. “En Europa toda la implementación de la REP se basa en la separación en origen y en la recolección selectiva”, comenta Leiva.

Añade que a través de esta práctica se logra involucrar a todos los actores (consumidores, productores, municipios, etc.) y que para que esto tenga éxito se requiere de sistemas bien diseñados y administrados, que puedan operar a costos razonables. Para ello hay dos alternativas principales. Una es la implementación de puntos de acopio voluntarios, como los que ya existen en Vitacura o en numerosos supermercados a lo largo del país, y que también se generan por medio de campañas específicas de reciclaje en distintos lugares. La otra es la recolección selectiva puerta a puerta, donde un camión recolector pasa por los hogares retirando contenedores donde los consumidores han diferenciado los residuos. El concepto europeo opera de este último modo.

Para reciclar también es muy relevante contar con consumidores más educados y dispuestos a cambiar algunos hábitos para así favorecer la valorización. Leiva lo grafica: “Reciclar envases no es una tarea fácil, ya que muchos de ellos se contaminan con los productos que contienen, lo cual hace muy costosa su valorización. Hay algunos que resultan más fáciles de recuperar y valorizar como los de cartón, vidrio y latas, pero si un tarro de conservas no viene limpio todo se complica. Los plásticos también plantean una dificultad porque las familias de plásticos son muchas, y sólo algunas se reciclan. Entonces, es necesario educar a la gente para que haga una segregación adecuada”.

Uca Silva complementa la idea señalando que también es necesario informar a los productores y a la sociedad en su conjunto. “Mucha gente involucrada en la cadena de producción de aparatos eléctricos y electrónicos se está informando recién sobre las exigencias que tendrán que asumir con la implementación de la REP. Por otro lado, los consumidores tenemos que estar concientes de que seguramente tendremos que pagar más cuando compremos estos productos, ya que se cargará el tratamiento del futuro residuo. Entonces, debiera realizarse una amplia difusión sobre este tema”.

Finalmente, Exequiel Estay recuerda que “el reciclaje es un tema transversal que involucra a todos y podemos ayudar con detalles mínimos. Cambiar los hábitos no es fácil, pero si reforzamos los esfuerzos que están desarrollando en especial en la educación primaria podremos tener cambios en el futuro del reciclaje en Chile.

La colecta segregada debe desarrollarse en todos los sectores de la sociedad. Nadie debería estar exento de esta responsabilidad, ya que esto ayudará a dignificar el trabajo de los recicladores de base y a mejorar nuestro ambiente”.

El ejemplo de los Eco-Envases

Siguiendo el ejemplo europeo, a fines del año 2010 Rodrigo Leiva creó Eco-Envases. “Este es un sistema colectivo de gestión de envases post-consumo, que se está formando con la adhesión y aporte financiero de los productores que estarán obligados a cumplir la Ley General de Residuos”, comenta. Este organismo será el encargado de lograr que se alcancen las metas de valorización que se definan para los adherentes a este sistema de gestión.

En el mundo, los dueños de estos sistemas son los grandes productores, y están abiertos a la participación de productores de cualquier tamaño. En el caso de Eco-Envases será igual. De hecho, ya tiene como socios fundadores a dos empresas que representan un porcentaje importante de los envases que llegan a los hogares chilenos.

Una vez que se publique la Ley y se empiece a implementar la Responsabilidad Extendida del Productor, en Chile debieran replicarse modelos similares en otros rubros.

Leiva indica que la idea además es contribuir a la implementación de la REP en el país: “Queremos colaborar con el Gobierno en el desarrollo de esta Ley y participar de la discusión parlamentaria del proyecto, y también en la creación de los reglamentos necesarios para concretar la REP. Hay muchas cosas que definir: las metas, cómo se cubrirá el territorio nacional, qué se va hacer con las regiones extremas, entre otros temas. Además, nuestra idea es desarrollar programas piloto con algunos municipios que también tienen un rol muy relevante en la gestión de los residuos. Estas dos partes, tienen que trabajar en conjunto para buscar las mejores soluciones”.

Según estimaciones del INTI, en Argentina se desechan unas “120 mil toneladas de basura electrónica por año”. En diálogo con Página/12, Guillermo Salvatierra, presidente del instituto, señaló que “frente a la necesidad de lograr una gestión ambientalmente segura de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), diversos países latinoamericanos han emprendido acciones, tales como la elaboración de diagnósticos, actividades de recolección, campañas de educación a la población, mesas de trabajo y propuestas colectivas”.

“El proyecto de la planta rosarina, que comenzará a funcionar en cuatro meses, contempla los aspectos ambientales para el tratamiento de los equipos electrónicos en desuso, con el objetivo de promover su reacondicionamiento, reciclado y disposición final de los elementos peligrosos que contienen”, comentó Salvatierra. Agregó: “Los equipos reacondicionados serán entregados a escuelas públicas de la provincia de Santa Fe, generando inclusión digital de los docentes y los alumnos para posibilitar una mayor aptitud laboral futura”.

Por su parte, Mauro Albornoz, ingeniero industrial y especialista en Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del INTI, explicó a este diario que “los elementos contaminantes que se encuentran en las placas internas de una PC son variados. Fósforo, plomo, cadmio, berilio, bario, PVC, mercurio y cromo hexavalente son las sustancias más tóxicas”.

“Si no se trata de manera correcta, una vez que el residuo electrónico llega a los basurales o quemas empieza a tener un impacto sobre la salud de los ciudadanos, ocasionando serios problemas respiratorios, alergias, irritación en los ojos y piel, afecciones en riñones y huesos y daños en el sistema nervioso central, entre otros”, afirmó Albornoz.

Según informaron desde el INTI, el trabajo que realizarán en el complejo de Rosario estará dividido en etapas bien definidas. “En la primera –antes de desmontar, triturar, cortar o prensar el aparato– deberán extraerse todos los componentes y sustancias que pueden suponer riesgo mediomabiental o sanitario. Luego, con el desmontaje a mano del aparato se identificarán fácilmente los elementos que funcionan, para volverlos a comercializar.”

Por último, “en la etapa de reciclado del aparato se extraerán los elementos peligrosos, seguido de la granulación y triturado para extraer las materias primas reciclables (plásticos, metales ferrosos y no ferrosos)”. Además, “se realizará reciclaje químico, de las placas de circuitos impresos que contienen metales preciosos, como oro y plata”.

Por su parte, Héctor González, director del programa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del INTI, dijo a este diario que mediante la propuesta que lanzarán en los próximos meses “los materiales ingresarán al circuito de reciclado de un grupo de cooperativas de trabajo que los analizará, para luego transformarlos en nuevos insumos industriales y productos finales, y así donarlos a escuelas públicas y organizaciones comunitarias”.

Además, funcionarios venezolanos acordaron un plan de trabajo con autoridades del instituto destinado a recibir asesoramiento técnico en la gestión de residuos electrónicos. Un equipo de técnicos y especialistas del INTI realizará una misión de reconocimiento en las próximas semanas al país bolivariano con el fin de evaluar allí la situación de los RAEE y acordar un plan de trabajo entre ambos países.

“A pedido de Venezuela realizaremos un diagnóstico del parque de computadoras, aunando el concepto de territorio y ambiente. Pensar globalmente y actuar localmente sería el primer paso, ya que hay un sinnúmero de acciones a desarrollar en esta materia”, afirmó Salvatierra.

“Hay que legislar proactivamente, asignar responsabilidades a proveedores, intermediarios y usuarios, implementar certificaciones de reducción de uso y de tratamiento posterior de los contaminantes, realizar campañas de concientización de los diversos actores sociales y promover la creación de plantas de reciclado y tratamiento final de contaminantes, atendiendo a la recuperación de uso de partes y componentes materiales”, opinó el referente del INTI.

“La fuerte vinculación del instituto con Venezuela facilita nuestro apoyo para la resolución de estos problemas, a partir de estrategias tendientes a evitar transformar el residuo urbano en peligroso, reciclar la mayor cantidad de partes posibles y reutilizar los componentes de los productos para no acortar artificialmente su ciclo de vida”, sintetizó el referente del INTI.

Informe: Sabrina Améndola.